jueves, 8 de octubre de 2009

FMI exige al gobierno patrocinar modificar ley hidrocarburo


La Parada

Santo Domingo.-El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige al gobierno patrocinar una modificación de la Ley de Hidrocarburos, reducir el gasto en salarios en un monto equivalente al 4% del producto interno bruto (PIB), lo que significa reducir la nómina en 60 mil millones de pesos en el último trimestre del año. Igualmente, establece que el gobierno dominicano debe aplicar otras medidas fiscales, en busca de mejorar las recaudaciones en lo que resta del 2009 y durante los años 2010 y 2011, según los requisitos establecidos en la carta de intención para la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Los datos están contenidos en la carta de intención que entregaron los funcionarios del equipo económico al director gerente del FMI, Dominique Strauss Kahn, firmadas por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, el secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, y el secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás.

BC explica acuerdo con FMI busca estimular recuperación economía

Mientras que el Banco Central explica en un comunicado que el principal objetivo que persigue este acuerdo por un monto de US$1,700.0 millones y por una duración de dos años, es aplicar un programa para estimular la recuperación de la economía en un ambiente de estabilidad macroeconómica y fortalecer las perspectivas de crecimiento, a través de la conducción de una política contra-cíclica a corto plazo, logrando la sostenibilidad a mediano plazo.

Ese y otros puntos están sintetizados en el contenido del programa del nuevo acuerdo con el FMI, y aparecen íntegramente en otra sección de este periódico, precisando que estos esfuerzos están siendo apoyados por la adopción de una agenda reforzada de reformas estructurales.

Conforme a lo establecido en la carta de intención, en lo que resta del 2009 el gobierno central debe reducir el gasto en salarios en un monto equivalente al 4% del producto interno bruto (PIB), lo que significa que el gobierno central debe reducir la nómina en 60 mil millones de pesos en el último trimestre del año.

En el párrafo 13 del "Memorando de entendimiento sobre políticas económicas y financieras del acuerdo de derechos de giro" propuesto por el gobierno al directorio del FMI y dado a conocer esta tarde, el gobierno asume ese compromiso, que implica despedir a decenas de miles de personas que cobran en el sector público.

El texto dice: “Con respecto a los gastos, el Gobierno priorizará la inversión pública y el gasto social, para maximizar los efectos de la expansión fiscal sobre la actividad económica. En particular, los gastos del Gobierno Central en sueldos y salarios se reducirán gradualmente luego de alcanzar 4 por ciento del PIB en el 2009, mientras que el gasto actual en bienes y servicios permanecerá estable como porcentaje del PIB”.

En cuanto al sistema energético dice que: “las transferencias a la compañía de electricidad CDEEE serán limitadas de conformidad con la reforma del sector, reduciéndose de 2.7 por ciento del PIB en el año 2008, a 1.1 por ciento del PIB en el 2009 y no más de 0.8 por ciento del PIB en el 2010. Esto permitirá al Gobierno incrementar los gastos de capital a 4 por ciento del PIB en 2009 (de los bajos niveles de la primera mitad del año) y 5 por ciento en el año 2010, con la finalidad de impulsar importantes proyectos de infraestructura y aumentar las transferencias para el gasto social prioritario”.

Con el programa iniciado en la CDEEE, con el cambio de Celso Marranzini por Radhamés Segura, el gobierno puede acelerar ese proceso respecto a dicha entidad, ya que la nueva administración ha iniciado la cancelación masiva de unos 7 mil empleados.

El programa recomienda: “Será particularmente importante para el grupo de trabajo interinstitucional la implementación de un programa de supervisión estrecha de los gastos y su recomposición, a fin de garantizar el mayor beneficio posible de la flexibilización fiscal en 2009-10”.

Las autoridades dominicana indicaron que dentro de esa medidas están: el mejorar los ingresos, modificación de la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos, así como del impuesto ad valorem que pesa sobre los combustibles, el traspaso de su recaudación a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la reducción y supervisión de los derivados del petróleo exonerados a las empresas generadoras y grandes industrias, entre otros.

Explicaron en la carta que como muchas economías del mundo, la República Dominicana ha sido afectada de manera adversa por la crisis económica global y la paralización del crédito en los mercados de capitales, con un panorama externo deteriorado y una disminución de la demanda agregada y de los ingresos tributarios.

Admiten en su misiva que el limitado financiamiento del Presupuesto Nacional, ha restringido grandemente la capacidad para reaccionar a estos choques externos, por lo que la política fiscal se ha tornado pro-cíclica.

Destacaron que el principal objetivo de este programa es estimular la recuperación de la economía en un ambiente de estabilidad macroeconómica y fortalecer las perspectivas de crecimiento, a través de la conducción de una política contra-cíclica a corto plazo, logrando la sostenibilidad a mediano plazo.

Los funcionarios del área económica encargados por el gobierno para dar seguimiento al acuerdo, recordaron al FMI que del 2004 al 2007, el país tuvo un muy exitoso desempeño, permitiéndose recuperarse de la crisis financiera interna del 2003, cimentando así el camino para lograr un alto crecimiento con baja inflación en el período 2004-08.

De hecho, señalaron, la República Dominicana creció 40% en ese período equivalente a un 8 por ciento promedio anual, convirtiéndose en una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina.

Destacaron que el Gobierno cree que las políticas establecidas en el MEFP son adecuadas para alcanzar los objetivos de su programa y, afirmaron que adoptarán cualquier medida adicional que pueda ser apropiada para lograr sus propósitos.

Dijeron que el Gobierno consultará con el Fondo sobre la adopción de estas medidas y cualquier modificación a las políticas contenidas en el MEFP, de acuerdo con las políticas del Fondo sobre dichas consultas, y proveerán al equipo del Fondo toda la información relevante requerida para completar las revisiones del programa y supervisar el desempeño.

Indicaron que las autoridades observarán el criterio estándar de desempeño contra la imposición o intensificación de restricciones cambiarias, la introducción o modificación de prácticas de tipo de cambio múltiples, la conclusión de acuerdos de pagos bilaterales que sean inconsistentes con el Artículo VIII del Convenio Constitutivo del Fondo y la imposición o intensificación de restricciones a las importaciones por razones de balanza de pagos.

Manifestaron que durante el período cubierto por el programa, habrá criterios de desempeño cuantitativos trimestrales e indicadores de referencia estructurales.

Significa que durante el período cubierto por el programa, habrá criterios de desempeño cuantitativos trimestrales e indicadores de referencia estructurales Explica la carta que habrá ocho revisiones trimestrales a ser completadas a mediados de marzo, junio, septiembre, y diciembre de 2010 y 2011.

Estas revisiones estarán asociadas con la observancia de los criterios de relevantes.

El contenido del Memorando de la carta de intención que está firmado los secretarios de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo y de Hacienda, así como por el gobernador del Banco Central, Juan Temístocles Montás, Vicente Bengoa y Héctor Valdez Albizu, respectivamente, se hace constar que en la segunda mitad de 2008, a medida que la economía se ajustaba a los choques de la oferta externa, fue nuevamente golpeada por los efectos de la crisis financiera global.

Expresan, asimismo, que como resultado, el crecimiento se redujo significativamente a cerca de 5.3 por ciento en el 2008 (comparado con casi 9 por ciento en el 2007), la inflación cayó a 4.5 por ciento siendo la más baja de América Latina (luego de que la anualizada alcanzara 15 por ciento en agosto de 2008) y la tasa de cambio se depreció moderadamente en 3.5 por ciento contra el dólar de EUA.

Manifiestan, también que durante 2009, la economía ha seguido sintiendo los efectos de la crisis internacional, aunque ha tenido uno de los mejores desempeños de la región.

El crecimiento alcanzó 1.4 por ciento en la primera mitad del año, en comparación con una caída de uno por ciento en América Latina en conjunto, principalmente debido a la expansión de la agricultura.

Al mismo tiempo, la inflación anualizada continuó desacelerándose hasta llegar a -0.5 por ciento en agosto, por debajo del promedio de la región, ya que los precios de los productos primarios han seguido bajando, mientras que la inflación subyacente ha permanecido en alrededor de 5 por ciento.

Indica la carta que este comportamiento de la economía dominicana se ha debido, en parte, a la oportuna y rápida flexibilización de la política monetaria que ha sido aplicada desde principios del año 2009.

Asimismo, precisa, que luego del ajuste en el 2008, la tasa de interés de política (overnight) se redujo en 550 puntos básicos situándose en 4 por ciento a la fecha. En adición, se disminuyó el encaje legal para promover los préstamos bancarios a sectores prioritarios. Si bien el crédito estuvo paralizado en el primer trimestre del año debido a que los bancos prefirieron absorber la liquidez adicional del sistema, hubo signos de que los préstamos bancarios comenzaban a recuperarse a partir del segundo trimestre de 2009, en la medida que menores tasas de interés estimularon la demanda de los préstamos al comercio y a la cartera hipotecaria.

Sigue señalando que la política fiscal se ajustó en la primera mitad del 2009 como resultado del declive cíclico de los ingresos tributarios y de las restricciones en el financiamiento del gasto limitado.

Los ingresos tributarios cayeron 11 por ciento en el primer semestre, debido fundamentalmente a la disminución de las importaciones y a la reducción del consumo, destacando que al mismo tiempo, el gasto primario cayó en más de 10 por ciento en comparación con el año 2008, en la medida en que las transferencias a la electricidad disminuyeron (relacionado con el costo menor del combustible) pero también debido a menores gastos en bienes y servicios y gastos de capital relacionados con restricciones en el financiamiento. Como resultado, el balance primario del sector público consolidado para la primera mitad del año fue cero.

Se explica que a pesar del rápido deterioro de la economía mundial, la tasa de cambio y las reservas internacionales han permanecido relativamente estables. El déficit de cuenta corriente externa disminuyó

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